La reciente promulgación de la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera (FEPA) por el Congreso de los Estados Unidos, marca un hito importante en la lucha contra la corrupción internacional. Esta legislación, integrada en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2024, aborda la creciente preocupación por la corrupción y sus efectos en los ciudadanos y empresas estadounidenses en el extranjero.
El acuerdo establece medidas y sanciones específicas para funcionarios extranjeros que soliciten o acepten soborno. México, como vecino y socio comercial clave de Estados Unidos, se verá directamente afectado por estas disposiciones.
Esta ley representa tanto una oportunidad como un desafío, en la cual se puede promover una colaboración más estrecha entre ambos países para combatir prácticas corruptas, pero también puede impulsar iniciativas conjuntas y el intercambio de información entre las autoridades de aplicación de la ley de México y Estados Unidos, facilitando mecanismos más eficaces para investigar y perseguir la corrupción transnacional.
El Índice de Percepción de la Corrupción desarrollado por Transparencia Internacional, colocó a México en la posición 126 de los 180 países evaluados con un puntaje de 31 puntos en una escala que va de 0 a 100, siendo 100 la mejor calificación posible.
Los abogados mexicanos que representan a empresas estadounidenses en México deberán garantizar el cumplimiento de la ley por parte de sus clientes y mitigar los riesgos asociados con solicitudes corruptas de funcionarios extranjeros, lo que implica una revisión exhaustiva de las prácticas comerciales y la implementación de programas de cumplimiento adaptados a los requisitos de la FEPA.
La FEPA tiene el potencial de contribuir a un ambiente de negocios más transparente y responsable en México, penaliza las prácticas corruptas de funcionarios extranjeros, proporciona defensas adicionales a las empresas estadounidenses y refuerza el compromiso de ambos países con la integridad en el comercio internacional. Sin embargo, su aplicación efectiva requerirá cooperación y compromiso permanente entre ambos países». Juan Carlos Izaza, consejero de Pérez Correa González
Cumplir con las disposiciones de dicha ley en México puede tener beneficios significativos, pues da la posibilidad de alinearse con los estándares internacionales de lucha contra la corrupción y da pie a fortalecer la reputación del país como un socio confiable en el mercado global, además, colaborar con Estados Unidos en la presentación de informes sobre casos de corrupción mejorará la imagen de México ante el gobierno estadounidense y la comunidad internacional, lo que podría traducirse en un aumento de la inversión extranjera, crecimiento económico y relaciones diplomáticas más sólidas.
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